Authors: Nancy Chiquinquirá Ferrer de Palmar

Ante el dramático escenario del mayor éxodo de personas en la AméricaLatina, y una de las crisis menos financiadas de la historia moderna, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones unidas, en lo adelante y para todos los efectos del presente artículo ONU, permanece dividido en cuanto a la situación política de Venezuela. En una sesión convocada por Rusia el año pasado, se discutió el intento de incursión armada ocurrido en costas venezolanas el 03 de mayo de 2020. Ese país presentó un Proyecto de declaración rechazando cualquier amenaza o uso de la fuerza en contra del país suramericano. La ONU hizo un nuevo llamado a reanudar las negociaciones políticas para la celebración de unas elecciones creíbles, inclusivas y participativas.

“Seguimos convencidos de que la negociación entre los principales actores políticos de Venezuela es la única vía para salir de la actual crisis. De cara a la pandemia de COVID-19, es más urgente que nunca un acuerdo que fortalezca la gobernanza democrática con respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho” (Secretara adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos y Mantenimiento de la Paz).

Rosemary Dicarlo, Responsable de asuntos políticos, ha afirmado que Venezuela se halla en una crisis de larga data que solo los venezolanos pueden resolver y, tras instar a todos los actores políticos relevantes a restablecer las negociaciones, ha urgido a todos los Estados miembros a apoyar esta exhortación.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su informe sobre Venezuela, insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad.  Con fecha 16 de septiembre de 2020, el informe en cuestión señala que el Estado Venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura, e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza. La misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudio de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Como corolario, la Misión examinó otros 2891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes. La misma constató que el Gobierno, los agentes Estatales y los grupos que trabajan con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los Derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violación y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estadales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes políticas en virtud de las cuales se cometieron los crímenes. Según Marta Valiñas, Presidenta de la Misión, encontraron motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los Derechos Humanos, algunas de las cuales_ incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura_ constituyen crímenes de lesa humanidad.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las Políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”. Ginebra, 16 de septiembre de 2020, Recuperado de URL: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26247&LangID=S

En este orden de ideas, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en dos informes los tratos crueles e inhumanos sufridos por disidentes políticos del régimen chavista. Señaló que entre los métodos utilizados por las fuerzas policiales de Nicolás Maduro contra sus adversarios destacan asfixias con bolsas de plástico y productos químicos, descargas eléctricas y violencia sexual. La oficina, encabezada por la ex Presidente, señala que en los casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsa de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales. Se basa en información fidedigna que señala que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sometió a personas detenidas a sesiones que involucran una o varias formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su interrogatorio, que podrían llevar a constituir tortura.

Realizada la anterior referencia sobre las determinaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, necesaria para tener una visión general de la grave crisis en Venezuela, debemos puntualizar en el papel que desempeña el Consejo de Seguridad, en virtud de la Carta de las Naciones Unidades, siendo su principal responsabilidad el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Compete al mismo, determinar cuándo y dónde se debe desplegar una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad establece una operación de mantenimiento de la paz, mediante la adopción de una resolución. Esta, determina el mandato de la misión y su envergadura. Supervisa de manera permanente la labor de las operaciones de mantenimiento de la paz, lo cual incluye la elaboración de informes periódicos por parte de la Secretaría General y la celebración de sesiones especiales dedicadas a examinar el trabajo de operaciones específicas.

En virtud del Artículo 25 de la Carta, todos los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y acatar las decisiones del Consejo de Seguridad, si bien otros órganos de las Naciones Unidas hacen recomendaciones a los Estados miembros, solamente el Consejo tiene el poder de adoptar decisiones que los Estados miembros están obligados a poner en práctica.

La posición del Consejo de Seguridad, es instar a los actores políticos venezolanos al diálogo, como única vía para encontrar una solución pacífica a la crisis política. Han sido varios los intentos en ese sentido, siendo el más reciente el materializado en Noruega, donde Gobierno y oposición sostuvieron varios encuentros, los cuales finalizaron sin acuerdo alguno, aun cuando el mediador, destacó la disposición de las partes para buscar una solución a la crisis política.

Por su parte, Michael Camillen, Director del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, analizó las implicaciones de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Venezuela, y otros temas relacionados con la situación venezolana, llegando a la conclusión de que por primera vez, hay atención de las Naciones Unidas a la crisis de Venezuela en toda su gravedad: uno de cuatro venezolanos necesita ayuda humanitaria, esto sin hablar de los más de 4 millones de venezolanos que han tenido que huir del país, muchos de ellos residentes en Colombia, y en ese sentido, ha hecho un llamado explicito para dar respuesta adecuada a la crisis.

Por otro lado, hay un acompañamiento internacional en el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela. Sin embargo, estando clara toda esta problemática y crisis política, y a pesar de los informes del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad permanece dividido en cuanto a la situación de Venezuela, y si realmente significa o no una amenaza para la paz y seguridad internacionales. 

No obstante, en el año 2015, el presidente Obama declaró a Venezuela: “Amenaza para la seguridad nacional de EE. UU”, mediante una orden ejecutiva; señalando igualmente que ese país estaba comprometido por hacer avanzar el respeto por los Derechos Humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de EE. UU de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública de Venezuela, dicho decreto ha sido extendido todos los años, incluso en el corriente, donde se puntualiza que Venezuela sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Del mismo modo, EE. UU ha aplicado sanciones diseñadas para asegurar que Maduro y sus aliados no continúen beneficiándose de las operaciones ilegales de minería de oro, de las operaciones petroleras estatales o de transacciones comerciales que permitan las actividades criminales del régimen y los abusos de Derechos Humanos. Esos abusos, han quedado evidenciados en los informes del Consejo de Derechos Humanos, por todos los casos investigados por la Misión, a los cuales se ha hecho referencia ut supra, identificando patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado, y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático. Con la pandemia COVID-19, esta situación incluso se ha extremado, por cuanto, el Estado Venezolano ha politizado el acceso de las vacunas, a través de un sistema denominado “Patria”, en el cual, quien no sea militante del chavismo, no tiene derecho a recibir la vacuna. Además del hambre, las torturas, persecuciones y crímenes, este ha sido un instrumento adicional de control y represión.

Es aquí donde se debe abordar un punto de suprema relevancia, el cual siempre trae a colación la representación de Maduro en las reuniones del Consejo de Seguridad sobre la situación de Venezuela, verbigracia: la injerencia. Esta consiste para un Estado en inmiscuirse en los asuntos interiores de otro Estado. Se trata de un acto que va en contra de uno de los pilares fundamentales del derecho internacional público: el de la soberanía del Estado. Sin embargo, el derecho de injerencia invoca circunstancias excepcionales en las cuales la población de un Estado Determinado estaría ante una situación de peligro tal que una intervención extranjera se justificaría para ayudarle, aun cuando esto atente contra la soberanía del Estado en el que se encuentra. Ante este escenario, el deber de injerencia agrega una dimensión moral de orden obligatorio al concepto de derecho de injerencia. Sin embargo, ninguno de ellos tiene existencia jurídica dentro del derecho humanitario internacional.

Durante la guerra de Biafra, 1967-1970, el principio de injerencia humanitaria realmente tuvo su auge. En efecto, so pretexto de no injerencia y de neutralidad, los jefes de Estado y de gobierno no intervinieron para ayudar a una población que estaba siendo diezmada por el hambre. Luego de este episodio, surgieron varias ONG, tales como Médicos sin fronteras, para denunciar esa inercia. Dichas organizaciones llevan como estandarte la idea de que algunas situaciones sanitarias excepcionales, caracterizadas por violaciones masivas de los derechos de la persona, justifican el cuestionamiento de la soberanía de los Estados y deben permitir la intervención de la comunidad internacional para hacer que cesen los atropellos y ayudar a la población. En el año 1988, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución (43/131) que instituyó una asistencia humanitaria para víctimas de catástrofes naturales y de situaciones de urgencia del mismo orden, pero que no permite imponer una asistencia humanitaria a un Estado que la rechace. Dos años después, fue completada por la 45/100, que instauró los “corredores humanitarios”.

En el año 1991, se materializó la primera intervención en nombre del derecho de injerencia, específicamente en el Kurdistán iraquí, con el propósito de proteger a las poblaciones Kurdas de las autoridades iraquíes. El Consejo de Seguridad había calificado la situación de “amenaza contra la paz y seguridad internacionales”. Desde esa fecha, el mismo motivo ha sido argumentado para justificar otras operaciones como: “Restore hope” en Somalia, a fines de 1992, o la “Operación Turquesa” encabezada por Francia en Ruanda, año 1994. De igual forma, se pueden citar las intervenciones en Bosnia Herzegovina (1994-1995), en Liberia, en Sierra Leona, en Albania en 1997 y en Kosovo en 1999.

La Carta de las Naciones Unidas, prohíbe la injerencia en su Artículo 2.7, el cual reza: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligan a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presenta Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”. La parte in fine de la citada norma, es de suprema relevancia, por cuanto, en el referido Capítulo VII se determina expresamente que en caso de amenaza contra la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el Consejo de Seguridad puede ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz, y la seguridad internacionales, pudiendo comprender: demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de los miembros de las Naciones Unidas (Artículo 42).

Sin lugar a dudas, se brinda a los Estados el sustento legal para actuar, pero en el caso que nos atañe de la situación en Venezuela, donde han quedado claras y documentadas por el Consejo de los Derechos Humanos las reiteradas y sistemáticas violaciones a estos, nos encontramos, indiscutiblemente, ante un escenario de falta de voluntad política de los Estados. Todos los presupuestos se han configurado en la desgarradora crisis que enfrenta la población venezolana, específicamente los más vulnerables: recordemos que uno de cada 4 necesita ayuda humanitaria, y el pretexto efímero de la no injerencia, ha sido la espada de Damocles de la representación de Nicolas Maduro en la ONU.

Adentrándonos al escenario de los actores internaciones, EE. UU ha criticado con claridad meridiana las acciones del régimen de Maduro, imponiendo algunas sanciones económicas, y otras tantas dirigidas a sus colaboradores. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), junto a un bloque de países de izquierda anti EE. UU, continúa oponiéndose a cualquier acción en contra de Venezuela. Miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como lo son Rusia y China, bloquearán cualquier acción para intervenir en Venezuela, porque ellos tienen cuantiosos intereses comerciales en el país, como también un interés estratégico en un sistema que continuamente se resiste a la expansión de la influencia estadounidense en la región.

Ante el escenario internacional, y las posiciones de los actores, se plantea la posibilidad de pensar o atender a la recomendación y exhorto del Consejo de Seguridad, referido a que sean los propios venezolanos (dirigentes políticos) quienes encuentren una solución pacífica a la crisis política, surgiendo el escenario de una ruta conjunta para la restitución de la democracia considerando la participación de la ONU.

Recientemente, la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, Presidente Interino, se enfrenta a una nueva estrategia con la finalidad de destrancar el juego político con el chavismo, al proponer retomar negociaciones.

Con un giro de 180 grados de su propuesta inicial del año 2019, el opositor señala que se precisa un acuerdo cuyo desiderátum principal es la convocatoria de elecciones generales con observación y respaldo internacional, entre varias otras consideraciones que han estado anteriormente presentes en las fallidas mesas de diálogo.

Igualmente, el líder opositor exige la entrada masiva de la ayuda humanitaria (recordemos el fallido intento de febrero del año 2019), vacunas contra el COVID-19, mecanismos para la reinstitucionalización del país y garantías democráticas, a cambio del levantamiento progresivo de las sanciones internacionales contra Venezuela, a medida que se vayan cumpliendo los objetivos del llamado Acuerdo de Salvación Nacional.

En trasmisión por los medios venezolanos, Maduro aseguró estar dispuesto a reunirse con toda la oposición, si va de la mano del Grupo de Contacto, la Unión Europea y Noruega, restándole importancia al liderazgo de Guaidó. Por su parte, uno de los principales líderes del chavismo, adelantó que las elecciones de Alcaldes y Gobernadores se llevarían a efecto el 14 de noviembre de este año.

Considerar un proceso electoral con las mismas condiciones de todos los anteriores, y del mismo modo, con una oposición dividida que parece muy lejos de lograr una candidatura única, con tarjeta unitaria, campaña electoral organizada y buenos defensores del voto, aleja las posiciones de los actores políticos en la consecución de una ruta conjunta para la restitución de la democracia en Venezuela. Por otro lado, el mundo ha sido testigo de los catastróficos resultados de las negociaciones anteriores.

Se plantea el más importante aspecto: posibles escenarios de toma de decisiones sobre la crisis política venezolana y su resolución, especialmente el Consejo de Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, la situación actual de Venezuela representa una amenaza a la estabilidad regional, sin ir muy lejos, el descontrolado y cada vez creciente éxodo migratorio a otros países latinoamericanos ha incrementado los problemas propios de sus gobiernos, todo agravado desde el año pasado como consecuencia de la pandemia. De terminar de asimilar esta situación, sin precedentes inmediatos en la América latina, es más probable la habilitación de alguna resolución.

En este hilo argumentativo, varios países latinoamericanos y europeos han afirmado ante el Consejo de Seguridad que la crisis política y humanitaria en Venezuela, así como el éxodo de los ciudadanos, comprometen la Paz de la región, situación palmaria que es negada por Rusia, quien acusa a EE. UU de amenazar la paz regional buscando intervenir desde Colombia. No obstante, siempre se concluye en lo que es el punto de partida en cada reunión: El Consejo apoya una salida pacífica de la crisis venezolana. Mientras tanto: la crisis humanitaria se agudiza, impactando a toda la región, muy especialmente a los países vecinos.

El mundo presenció el 23 de febrero del año 2019, que Nicolás Maduro impidió el ingreso de la tan anhelada por todos los venezolanos ayuda humanitaria al territorio del país. Desde esa fecha, a la presente, la situación cada día es más dramática, el pueblo además de haber alcanzado los mayores índices de desnutrición en su historia, no tiene acceso a un óptimo sistema de salud, a los medicamentos, a los servicios básicos (electricidad, agua, gasolina), y con ocasión de la pandemia, a las vacunas en igualdad de oportunidades, sin discriminaciones políticas. Por el contrario, por si fuera poco, se ha fomentado un mercado negro de vacunas, y el personal de salud, que debió ser el primero en recibir la inmunización, ve cada día más ilusorias las esperanzas de tener acceso a ellas, liderando Venezuela las estadísticas de más muertes en el personal de salud producto del COVID en proporción de población, respecto a otros países. En efecto, al 12 de mayo de 2021, la ONG Médicos Unidos, informó que 549 trabajadores sanitarios han muerto por COVID-19. Por su parte, la Federación Médica Venezolana, en lo adelante FMV, exigió en el pasado mes de mayo un millón de vacunas contra la covid-19 para inmunizar a 500.000 trabajadores sanitarios del país, tras reiterar que no se ha cumplido con el deber de aplicar las dosis a todos los trabajadores de este sector que es considerado prioritario. El presidente de la FMV, Douglas León Natera, en una rueda de prensa indicó que las vacunas contra la COVID-19 que han llegado al país se han aplicado de forma «desordenada» y que el Gobierno las ha utilizado para inmunizar a sus afines. «El Ejecutivo nacional en lugar de colocar la vacuna donde debe ser, se la colocaron ellos, es un desorden inmenso», sostuvo Natera, quien recordó que en 14 meses han fallecido más de 360 médicos y que los decesos en el sector sanitario en general están alrededor de 550. Natera también pidió 40 millones de dosis de vacunas para inmunizar a los ciudadanos del país y «obtener la inmunidad de rebaño en el corto tiempo» pues, de otra forma, esto puede tardar años. El presidente de la organización destacó su preocupación por el alza de muertes y contagios del virus y criticó que el Gobierno le «mienta» al país con las cifras. Sin lugar a dudas, la información epidemiológica está sesgada.

El sistema de salud de Venezuela está en crisis desde hace años. Los hospitales públicos y ambulatorios presentan fallas de infraestructura, equipos médicos, escasez de personal y de medicamentos, así como material. Como hemos venido señalando, la situación se agudizó con la llegada de la COVID-19 al país, según el gremio, porque tampoco cuentan con los materiales necesarios para protegerse o cuidar de los enfermos. El Ejecutivo asegura que vacunará al 70 % de la población este año, pero de momento no se conocen cifras exactas de cómo avanza el proceso ni el número de vacunas que han llegado al país, debido a que los datos facilitados por los distintos funcionarios son contradictorios.

Según estimaciones de Naciones Unidas, 5.448.441 venezolanos han dejado el territorio venezolano. Muy probablemente este número sea mucho mayor, ya que no incluye a los venezolanos que se encuentran indocumentados. Colombia, Brasil Ecuador, Chile, Perú, entre otros, han recibido una migración para la cual no estaban preparados, incrementando sus propias problemáticas, y recrudeciendo un problema adicional del cual están siendo objeto los nacionales de Venezuela: la xenofobia. Se trata de un éxodo sin precedentes en la región, y del mismo modo, un atentado contra la paz y la estabilidad.

Siempre se encuentra latente el posible escenario de las negociaciones entre los factores políticos venezolanos como única solución al problema, la lapidaria sentencia: la crisis política venezolana es un problema que deben resolver los venezolanos_ aunque la voluntad política para llegar y hacer cumplir los acuerdos sea peregrina_ sigue condenando a un pueblo a morir menguadamente, víctima de una de las más grandes y alarmantes tragedias humanitarias de la región. La práctica ha demostrado que anteriores negociaciones han sido infructuosas, y solo han servido para el afianzamiento de maduro y su sistemática violación a los derechos humanos.

¿Cuáles escenarios alternativos para la resolución de conflictos podrían transitarse en Venezuela?

Se puede recurrir a track-two diplomacy, fomentando el desarrollo de actividades no oficiales de diálogo y resolución de conflictos destinadas a construir relaciones y fomentar nuevas ideas que puedan informar el proceso oficial a través de los principales líderes académicos, religiosos, Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y otros actores influyentes y respetables del país, para de esta manera generar confianza en la población, que ha sufrido todos los embates de la brutal crisis.

Del mismo modo, la denominada diplomacia de pueblo a pueblo (track-three diplomacy), materializada por individuos y grupos privados del país, concentrándose en las bases. Ello implica la organización de reuniones y conferencias, la generación de exposición en los medios (este aspecto se dificulta por la consabida censura a los medios de comunicación) y la defensa política y legal, de las personas y comunidades marginadas.

En lo atinente a la diplomacia desde abajo, recordemos que se trata de una práctica teórica que permite experimentar una reapropiación, entre ciertos márgenes de un protagonismo directo en el campo de las relaciones internacionales por parte de sujetos políticos colectivos no Estatales. El reconocimiento por parte de la English School de un nivel de complejidad que supera la dimensión de las relaciones interestatales y la centralidad de la diplomacia como institución humana basada en las interacciones entre diferentes comunidades del otro define el algo nivel de coherencia interna del concepto propuesto, así como su utilidad teórica e investigativa. Se diferencia de la diplomacia oficial no solo porque es el producto de actores políticos no Estatales, sino por su estructura.

Según el autor Dario Guilarducci, la diplomacia desde abajo en una herramienta teórica para los estudios globales y formas de acción y comunicación. Sus repertorios de acción excluyen el ejercicio de la violencia directa e incluyen un manejo transparente de la comunicación y eventualmente: prácticas de desobediencia civil.

Todos estos escenarios alternos, por motivo de la tragedia humanitaria post COVID-19 en Venezuela, entre otros, son de muy escasa probabilidad de ejecución práctica que garantice su viabilidad, debido a que de una u otra manera implican un trabajo de calle, de masas, de organización, planificación y logística, en un país, que además de lo anteriormente señalado, sufre el impacto diario de la falta de suministro de gasolina y de acceso a los servicios básicos.

Citando una frase del insigne pacifista y defensor de los derechos civiles Martin Luther King: “Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto”. Debe ser ese el papel de las Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad: hacer lo que es correcto ante la gravísima crisis humanitaria venezolana_ y de manera inmediata_ por el derecho a la vida, a la salud de todos sus nacionales, y como corolario, por la paz, seguridad y estabilidad de la región.

Referencias

-Noticias ONU (2020), 20 de mayo de 2021, Recuperado de: News.un.org/es/story(2020)/05/1474792, junio 04 de 2021.

-La Tortura en Venezuela según Michelle Bachelet, 19 de julio de 2020, Recuperado de: El libero.el libero.cl/actualidad.la-tortura-en-venezuela-según-michelle-bachelet, junio 04 de 2021.

-The Dialogue. Apr 16-2019.Recuperado de: Thedialogue.org/analisys/reunión-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-sobre-venezuela, junio 05 de 2021.

–Diccionario del poder mundial. Recuperado de: poder-mundial.net/termino/deber-de-injerencia/, junio 05 de 2021.

-SW/SWISSinfo.ch, 17 de mayo de 2021. Recuperado de: swissinfo.ch/spa/coronavirus-venezuela_federación-de-médicos-de-venezuela-exige-un-millón-de-vacunas-anticovid/46626112, junio 05 de 2021.